Para ello, solo es preciso que en sus funciones constitucionales intervenga para que el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Moisés Bertoni, realice la inscripción de las semillas en el Registro Nacional de Cultivares, establecido en la Ley Nº 385/1994, de semillas y protección de cultivares.
Falta una semana para iniciar el ciclo
Según mencionó a La Nación el presidente de la Cannapy, Juan Carlos Fischer, solo falta esa voluntad política para hacer la inscripción y que los agricultores del campo, unas 60 fincas, puedan empezar el cultivo en el actual ciclo que empieza este 15 de abril, petición remitida al mandatario tras una reunión mantenida en fecha 8 de febrero de este año.
“Las semillas que importamos ya están en Aduanas, estamos en el proceso de despacho y solo falta que el MAG realice la inscripción en el registro de cultivares para que podamos distribuírselas a los agricultores. Son unos 1.000 kilos de semillas para 60 parcelas experimentales porque va a ser la primera vez”, expresó.
Al respecto, dijo que el rendimiento del cultivo es bastante interesante, ya que se puede sacar unos G. 15 millones por hectárea, porque se utiliza toda la planta, que incluso se puede duplicar ese monto si se realizan dos ciclos al año, G. 30 millones, pues entre octubre y noviembre inicia el segundo ciclo, y a partir de ahí es que se podrá comercializar.
¿Trasfondo político?
Es por ello que Fischer y todos los asociados de la cámara, más de 50 socios entre organizaciones campesinas y comités que nuclean a los productores, lamentan el trasfondo político y los intereses particulares de algunas aristas del Gobierno estén priorizando a un grupo empresarial.
En ese sentido, explicó los antecedentes, que ya llevan más de un año con todo el proceso de extrema burocracia, que data ya desde el 2019 con el decreto presidencial Nº 2725/2019, que autoriza el cultivo del cáñamo, a más del decreto Nº 3999/20, que declara de interés nacional y que menciona la preferencia a escala del pequeño agricultor, lo cual no se ha cumplido hasta la fecha.
Es por ello que no ven que exista una verdadera voluntad política de llevar hasta el campo y a los agricultores, ya que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) quiere intervenir para trasladar las semillas hasta el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) para evaluar y realizar los ensayos, que duran 2 años, los cuales ya se habían realizado para la misma variedad, y que luego a un mes de emitir el Decreto Nº 3990 se haya derivado a una empresa en cuestión para el cultivo extensivo y mecanizado como supuesta experimentación en parcelas de 300 hectáreas, y no así para la agricultura familiar que tendría que haber sido el destino, subrayó Fischer.
Fuente y fotografia: La Nación.